De manera habitual las personas que interactúan con las TIC desde sus diversas actividades consideran que los conocimientos para el manejo seguro de dichas tecnologías son un problema de los informáticos. Este es una manera de pensar que aleja de la realidad a los que razonan de esta manera.
Los argumentos para sustentar esta última afirmación son muchos y parten sobre todos del papel que le asigna a los usuarios de este tipo de equipamiento tecnológico la legislación cubana sobre el tema.
En muchas oportunidades se ha explicado que en las condiciones actuales de expansión de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) a todas las esferas de la vida, los problemas relacionados con esta esfera científico técnica dejó de ser un problema de los informáticos para ser un problema de todos los que interactúan con estas tecnologías.
El hecho de la generalización del uso de las TIC requiere entonces que todos los actores actuantes en el proceso posean las competencias necesarias para operar de forma segura con los medios técnicos mientras llega la ayuda de los especialistas para preservar la información.
Cuando las personas sufren por la acción de los ciberdelincuentes, de manera habitual no se analizan las causas del problema buscando en su comportamiento las acciones que propiciaron el hecho.
TV obsoleto arrojado a la basura sin medir las consecuencias contaminantes que provoca el acto.
La basura tecnológica son los aparatos eléctricos y electrónicos que son considerados residuos al dejar de funcionar por diversos motivos y que para funcionar debidamente requieren de la electricidad o de campos magnéticos y los aparatos necesarios para generar, transmitir y medir tales corrientes eléctricas o campos destinados a ser utilizados con tensiones inferiores a 1000V en corriente alterna y 1500 V en la continua.
Estos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) incluyen también a los componente, subconjuntos y consumibles que se integran al equipo en el momento que se desechan.
La llegada de la Covid 19 impuso cambios cuya celeridad quebrantaron los procedimientos preestablecidos para preservar desde la ciberseguridad, los procesos sustantivos de la universidad.